Fue partícipe de las agresiones a estudiantes en la ciudad de León y fue grabado realizando amenazas a la ciudadanía que se manifestó durante las protestas del año 2018. Fue acusado por el propietario de Radio Darío, Aníbal Toruño, de quemar esa radio el 20 de abril de ese mismo año. Justificó la creación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros como una contribución a la defensa de la soberanía y la independencia del país ante cualquier injerencia extranjera. Asimismo, como vicepresidente de la Comisión de la paz, defensa, gobernación y derechos Humanos, fue quien recogió la propuesta gubernamental en la que se solicitó la cancelación de la personalidad jurídica de 24 oenegés, la mayoría de ellas asociaciones médicas que fueron críticas con la gestión oficial de la pandemia de la covid-19.