Pedro Salvador Fonseca, politólogo e internacionalista y exconsultor de la OEA, asegura que “hablar sobre las salidas de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos es todavía hablar de terreno desconocido”, ya que lo que más ha sucedido es la suspensión de un Estado, como los casos de Cuba (1962) y Honduras (2009), este último posteriormente reincorporado en 2011.

Esta situación, dice Fonseca, “se puede prestar para muchas especulaciones”, ya que no es una renuncia típica a un club, sino que el Estado —en este caso Nicaragua— debe presentar pruebas específicas y detalladas de que su salida de la OEA es porque el interés del país es distinto al de la organización. 

También Nicaragua debe dar dar fe que tiene dentro de sus estructuras estatales todos los compromisos y los requerimientos asumidos que ratificó en la Carta de la OEA. Como menciona el artículo 143 del documento, el Estado denunciante “quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones” que plantea la carta. Este paso, para Fonseca, será muy difícil que Nicaragua lo cumpla ya que en el país no hay un orden constitucional ni un estado de derecho y tampoco existen garantías de derechos humanos. “Ahí hay un primer inconveniente para una salida voluntaria de la OEA”, dice.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la OEA y reconocido en su carta, dedicada a promover “la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo” de la OEA en esta materia, ha señalado en diversas ocasiones que Nicaragua es un Estado donde priman el irrespeto y las violaciones a los derechos humanos. En su más reciente informe de finales de octubre, la CIDH indicó que “la concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un Estado policial, donde el Gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión ejercida desde las instituciones de seguridad estatales y paraestatales avalado por los demás poderes; en concertación con las instituciones de control”.

El informe agregó que “no existe en el país un sistema de pesos y contrapesos puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo”. A este punto se refiere Fonseca cuando duda que Nicaragua pueda cumplirlo. 

Se suma, además, la resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA el pasado 12 de noviembre, donde se declaró que “las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”. En el proceso electoral , Daniel Ortega se reeligió para un cuarto mandato consecutivo, con un Consejo Supremo Electoral (CSE) y la estructura electoral controlados por el partido gobernante. “Si el gobierno de Nicaragua se ha declarado ilegítimo, simplemente está tomando decisiones como gobierno y como Estado”, afirma Fonseca.

Antes de salirse, además, Nicaragua debe saldar las deudas que tiene con la OEA, algo que ya está hecho. Según la información del organismo, Nicaragua no tiene un solo año de retraso en sus pagos correspondientes y está en la sección de los Estados que han pagado la totalidad de sus cuotas al Fondo Regular correspondiente a los años anteriores y que han pagado la totalidad de su cuota al Fondo Regular para el año en curso.