El gobierno de Daniel Ortega decidió, el pasado 19 de noviembre, denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con eso dar inicio al “retiro definitivo y renuncia de Nicaragua” al organismo continental. Este proceso tardará dos años y conlleva una serie de pasos.
En la Carta de la OEA, como el mismo documento plantea, los Estados miembros consagran “la organización internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia”. Son miembros del organismo los Estados que firmen la carta y, según el artículo 143 del documento, esta podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados mediante comunicación escrita a la Secretaría General.
“Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y éste quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta”, establece el documento.
Nicaragua ya cumplió con este primer paso, la denuncia, ya que, a través del representante del país en la OEA, Arturo McFields Yescas, el canciller Denis Moncada envió la formal comunicación al actual Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien deberá informar a los demás Estados miembros la decisión de Nicaragua.
Recibí hoy la comunicación oficial del Representante Permanente de #Nicaragua, Arturo McFields, informando la decisión de su gobierno de denunciar la Carta de la #OEA y desvincularse de la Organización, denuncia que se hará efectiva en dos años. pic.twitter.com/dDHaA7gxEu
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) November 20, 2021
Pedro Salvador Fonseca, politólogo e internacionalista y exconsultor de la OEA, asegura que “hablar sobre las salidas de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos es todavía hablar de terreno desconocido”, ya que lo que más ha sucedido es la suspensión de un Estado, como los casos de Cuba (1962) y Honduras (2009), este último posteriormente reincorporado en 2011.
Esta situación, dice Fonseca, “se puede prestar para muchas especulaciones”, ya que no es una renuncia típica a un club, sino que el Estado —en este caso Nicaragua— debe presentar pruebas específicas y detalladas de que su salida de la OEA es porque el interés del país es distinto al de la organización.
También Nicaragua debe dar dar fe que tiene dentro de sus estructuras estatales todos los compromisos y los requerimientos asumidos que ratificó en la Carta de la OEA. Como menciona el artículo 143 del documento, el Estado denunciante “quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones” que plantea la carta. Este paso, para Fonseca, será muy difícil que Nicaragua lo cumpla ya que en el país no hay un orden constitucional ni un estado de derecho y tampoco existen garantías de derechos humanos. “Ahí hay un primer inconveniente para una salida voluntaria de la OEA”, dice.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la OEA y reconocido en su carta, dedicada a promover “la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo” de la OEA en esta materia, ha señalado en diversas ocasiones que Nicaragua es un Estado donde priman el irrespeto y las violaciones a los derechos humanos. En su más reciente informe de finales de octubre, la CIDH indicó que “la concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un Estado policial, donde el Gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión ejercida desde las instituciones de seguridad estatales y paraestatales avalado por los demás poderes; en concertación con las instituciones de control”.
El informe agregó que “no existe en el país un sistema de pesos y contrapesos puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo”. A este punto se refiere Fonseca cuando duda que Nicaragua pueda cumplirlo.
Se suma, además, la resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA el pasado 12 de noviembre, donde se declaró que “las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”. En el proceso electoral , Daniel Ortega se reeligió para un cuarto mandato consecutivo, con un Consejo Supremo Electoral (CSE) y la estructura electoral controlados por el partido gobernante. “Si el gobierno de Nicaragua se ha declarado ilegítimo, simplemente está tomando decisiones como gobierno y como Estado”, afirma Fonseca.
Antes de salirse, además, Nicaragua debe saldar las deudas que tiene con la OEA, algo que ya está hecho. Según la información del organismo, Nicaragua no tiene un solo año de retraso en sus pagos correspondientes y está en la sección de los Estados que han pagado la totalidad de sus cuotas al Fondo Regular correspondiente a los años anteriores y que han pagado la totalidad de su cuota al Fondo Regular para el año en curso.
Pese a todo, el exconsultor de la OEA explica que no hay un protocolo establecido para la salida voluntaria de un Estado, no se tiene un mecanismo, sino más bien es un proceso que se lleva a cabo desde la Secretaría General y los órganos políticos de la OEA con el Estado que está iniciando la desvinculación.
La misma resolución aprobada por la Asamblea General instruye al Consejo Permanente “que realice una evaluación colectiva inmediata de la situación, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, a ser completada a más tardar el 30 de noviembre y que tome las acciones apropiadas”.
La Carta Democrática Interamericana establece en su artículo 20 que: “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.
Asimismo, el artículo 21 establece que: “Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato”.
Debido a esto, Fonseca plantea que “todo parece indicar que la suspensión de Nicaragua va a ser más pronto que la salida”. Mientras no transcurran los dos años, el país sigue siendo miembro del organismo y tiene los mismos deberes que el resto de Estados.
Existe un precedente de salida voluntaria de la OEA: Venezuela, aunque no es una situación clara. En 2017, el gobierno de Nicolás Maduro denunció la Carta de la OEA e inició su proceso voluntario de salida y se convirtió en el primer país en hacerlo desde la creación del organismo. Pero este caso es particular, ya que la situación interna venezolana era confusa porque el gobierno no tenía el respaldo de la Asamblea Nacional para denunciar la Carta, ya que este órgano estaba controlado por la oposición pero declarado en desacato por el Tribunal de Justicia. Además, Venezuela adeudaba alrededor de 8 millones de dólares a la OEA.
Pero, tras desconocer las elecciones de 2018 en las que Maduro se reeligió, la OEA aceptó a un miembro de la oposición como representante venezolano y es quien se mantiene en el puesto hasta ahora sin el respaldo ni reconocimiento del gobierno de Maduro.
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