Los datos y la realidad indican que el proceso se realiza con cero competencia. Es decir, el partido que gobierna, el Frente Sandinista, mantiene controlados todos los poderes estatales, incluyendo el electoral. 

En este contexto, muchos de los alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes y vicealcaldesas que pertenecen a las filas sandinistas serán reelectos por un periodo más. Los organismos independientes que defienden derechos humanos y que observan el proceso de cerca han repetido en varias ocasiones que este proceso es una farsa más para aparentar que Nicaragua vive en un estado de normalidad.

Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que estas elecciones se realizan “en un contexto de represión contra la oposición política, mediante la implementación de medidas tendientes a impedir su participación y la ausencia de reformas para la reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Ley Electoral de conformidad con las recomendaciones por organismos nacionales e internacionales”. Y afirmó que existe una “ausencia de condiciones para la realización” de este proceso electoral.

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