No es cierto que si una persona se abstiene de votar en Nicaragua puede ser arrestada, como indican mensajes que circulan en redes sociales. En este país, el derecho al voto es voluntario y por ende no hay un castigo para las personas que decidan no ejercerlo.
“Si te abstienes de votar, serás arrestado”, dice el tuit que circula citando el artículo 174 de la Ley Electoral de Nicaragua con su reforma de mayo de este año, y agrega que la pena es de seis a doce meses.
El artículo sí existe y sí establece una pena, sin embargo es para “el o la que soborne, amenace, fuerce o ejerza violencia sobre otro u otra, obligándolo a”: adherirse a determinada candidatura, votar en determinado sentido o abstenerse de votar. Es decir que la pena aplica para las personas que obliguen a otras a cualquiera de las tres acciones anteriores, entre ellas abstenerse al voto.
“Nicaragua, en su legislación y en el marco de su sistema electoral, no contempla el derecho al sufragio como una obligación, sino más bien como precisamente un derecho, es lo que se conoce como sufragio voluntario y no sufragio obligatorio”, dijo Pedro Salvador Fonseca, politólogo e internacionalista, analista del observatorio electoral Urnas Abiertas.
Es decir que Nicaragua deja a discreción de cada persona el hecho de participar o no de los procesos electorales, sean nacionales, regionales o municipales. “Nicaragua, al contemplar el sufragio voluntario, no puede obligar a la ciudadanía a participar del proceso electoral ni mucho menos puede aplicar medidas coercitivas en contra de las personas que no participen de las elecciones”, agregó el politólogo.
Nicaragua vive unas elecciones irregulares ya que, según dijo el observatorio electoral Urnas Abiertas en su informe “Nicaragua: Elecciones 2021:Un plan doloso para acabar con la democracia”, la integridad del proceso está comprometida y, en consecuencia, “las elecciones del 7 de noviembre de 2021 carecen de legitimidad”.
En este contexto, Fonseca no descarta que el gobierno utilice “todos su brazos coercitivos, especialmente la Policía Nacional, para amedrentar a la ciudadanía, para intimidar a las personas votantes y para asediar a aquellas personas que se consideren opositoras al régimen”, y obligarlas a votar.
De suceder, estas acciones constituirían “una afectación grave a los derechos humanos, vinculada a la violencia política en el marco del contexto electoral”, dijo el politólogo.
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