El comentarista radial miembro del Frente Sandinista, William Grisby, brindó este viernes 4 de noviembre unas declaraciones falsas sobre las protestas ocurridas en 2018 en Nicaragua. Dijo que los Estados Unidos “armaron gente, organizaron la conspiración de 2018, contrataron sicarios, contrataron francotiradores, asesinaron a más de 250 personas, incluyendo 23 policías nacionales”.

Como ha sido ampliamente documentado, lo que ocurrió en Nicaragua en 2018 fueron protestas ciudadanas que empezaron por una reforma a la Seguridad Social y que continuaron por el descontento, sobre todo juvenil y estudiantil, con el gobierno de Daniel Ortega, que en ese momento llevaba 11 años consecutivos en la Presidencia del país.

De acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para documentar lo que ocurría en el país, las protestas “no fueron producto de acontecimientos aislados sino de años de procesos institucionales y prácticas estatales que fueron coartando la expresión ciudadana, cerrando espacios, cooptando instituciones públicas y concentrando el poder en las figuras del presidente Ortega y la vicepresidenta (Rosario) Murillo. Ello fue generando y acumulando un descontento social que se manifestó a través de los años en diferentes expresiones sociales que fueron reprimidas en forma violenta por la Policía Nacional y los grupos de choque”.

Y fue el Estado de Nicaragua el que respondió a las protestas con el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por medio de armas de fuego, entre ellas armas de guerra, como documentó por medio de fuentes abiertas el medio especializado Bellingcat. También se pudo documentar la cercanía que tuvo la Policía con grupos de choque, conocidos dentro del país como paramilitares. Esta coordinación fue letal para las personas que se manifestaban.

La represión estatal dejó un resultado de 355 personas muertas, de acuerdo con la CIDH. Incluso el GIEI afirmó que el Estado de Nicaragua llevó a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional “deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”.

Esto desmonta cualquier narrativa de que Estados Unidos fue el responsable directo del asesinato de los manifestantes, como dijo el comentarista Grisby.