El pasado 20 de octubre, el delegado de Nicaragua en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) declaró que en el país están “empadronados el 100 por ciento de los ciudadanos aptos para votar”. Sin embargo, esta afirmación es falsa. El observatorio ciudadano electoral Urnas Abiertas estima en un millón los electores eliminados del padrón electoral para las votaciones de este 2021.

En su informe “Nicaragua Elecciones 2021: Un plan doloso para acabar con la democracia”, el observatorio electoral dijo que “una estimación técnica sugiere que un millón de electores han sido eliminados del padrón, equivalente a casi un 20% del total del electorado”. Por un lado, de los 5,095,747 de personas empadronadas para las elecciones de 2017, el padrón de 2021 contiene solo 4,478,334, según los datos de Urnas Abiertas. Por otro lado, para estas elecciones tampoco se refleja el incremento natural de la población en edad de votar (16 años), que debería ser de al menos 100 mil nuevos electores por año.

Con todo esto, el padrón de este año debería ser de unos 5.5 millones de personas habilitadas para votar y no de 4,478,334, como refleja el Consejo Supremo Electoral (CSE).

Al igual que Urnas Abiertas, el pasado 22 de julio, el Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) —cuya personería jurídica fue cancelada por el CSE— denunció haber encontrado incongruencias en la copia del Padrón Electoral Provisional Elecciones Generales 2021 pues omitía información como “la fecha de ingreso al padrón, el año completo del nacimiento del inscrito, si pertenece al padrón o a la lista de ciudadanos cedulados”. 

En ese momento, el partido CxL dijo que la disminución de personas electoras comparada a las elecciones de 2017 era de 748,497. “No podemos determinar si corresponden a ciudadanos cedulados (padrón pasivo) o si fueron eliminados del padrón, ya que no hay un código que los identifique”, mencionó la organización política.

Urnas Abiertas expuso además que el CSE no dio las razones por las cuales en 2021 no se observa el crecimiento natural que suele tener el padrón electoral, ni tampoco a qué se debe la disminución de electores. 

“El CSE tiene la obligación de indicar si esto se debe a personas fallecidas, personas migrantes, personas que no votan desde hace más de diez años, si es población penal con sentencia firme y están privados de su derecho al voto, o si incluye a la ciudadanía que se exilió a partir de 2018 en el marco de la crisis sociopolítica y de DDHH, si responde a esta última razón también debe explicar las razones técnicas de depuración del padrón dado que esta situación no está regulada en la Ley Electoral”, cita el documento. 

A diferencia de años anteriores, el CSE compartió el padrón electoral únicamente con partidos políticos y no fue colocado de forma pública e impresa en las afueras de los centros de votación hasta 90 días antes de la elección, limitando así el acceso a la ciudadanía y “sin dar posibilidad a realizar auditorías externas en el período pre electoral o acceso electrónico al mismo para una revisión más detallada”. Urnas Abiertas reiteró que el Padrón electoral “debe ser de dominio público para generar confianza ante la población y permitir su fiscalización”.