Después de casi dos siglos de haberse reconocido el aborto terapéutico en el código penal nicaragüense, en el año 2007 la Asamblea Nacional decidió penalizarlo de manera absoluta. Las razones esgrimidas forman parte del catálogo que desde hace mucho tiempo vienen repitiendo los poderes fácticos más conservadores de la sociedad, incluyendo la jerarquía católica y la confederación evangélica.

Una de las defensoras de la penalización del aborto, buscando de esta forma reconciliarse con la Iglesia, fue Rosario Murillo, quien en ese momento dijo que se oponía al aborto y coinicidía “plenamente con la Iglesia y las Iglesias, (porque) el aborto es algo que afecta, fundamentalmente, a las mujeres, porque jamás nos reponemos del dolor y el trauma que nos deja un aborto. Cuando las personas tienen o han tenido que recurrir a eso, jamás se reponen. Y ese dolor nosotros no lo deseamos para nadie”. 

Esto que mencionó la actual vicepresidenta y primera dama –y que es constantemente repetido por las personas que se oponen a los derechos reproductivos– carece de respaldo científico o estudios que sostengan que la práctica del aborto pueda dejar alguna secuela, trauma o síndrome que afecte la salud mental de las mujeres y con ello su bienestar. De lo que sí hay evidencia es de los efectos negativos que sufren las mujeres a las que se les niega un aborto.

El programa Advancing New Standards in Reproductive Health (ANSIRH) de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) llevó a cabo uno de los estudios más grandes hasta ahora realizados, llamado Turnaway, en el que reclutó a casi mil mujeres a quienes dio seguimiento durante cinco años para documentar la experiencia post-aborto. El principal resultado del estudio fue que “tener un aborto deseado no fue asociado con daño a la salud mental”. 

Otro resultado fue que el 95 por ciento de las mujeres informaron, cinco años después del procedimiento, “que tener el aborto fue la decisión correcta para ellas”. De hecho los datos mostraron que a las mujeres a quienes se les negó un aborto obtuvieron peores resultados tanto económicos como de salud y familiares. Esta conclusión también la arrojó en 2011 la Academia de Universidades Reales Médicas de Reino Unido (AMRC, por sus siglas en inglés) en un análisis de varios estudios en inglés publicados desde 1990 hasta el 2011. “Un embarazo no deseado se asoció con un mayor riesgo de problemas de salud mental”, según las conclusiones de la AMRC.

Precisamente estos datos que cuentan con respaldo científico no fueron tomados en consideración para poner en debate la penalización del aborto terapéutico y también fueron obviados por Murillo en sus declaraciones. Y es que los casos en los que se obliga a una mujer a continuar un embarazo, principalmente en las adolescentes, tiene un gran impacto negativo que se traduce en secuelas psicológicas a largo plazo. También, los embarazos en niñas y adolescentes –normalizados en Nicaragua– tienen un impacto social y económico importante: las madres se ven obligadas a abandonar sus estudios para cuidar de su bebé mientras, en muchos casos, conviven con su abusador. La maternidad forzada y/o temprana tiene graves consecuencias en la vida de las niñas y adolescentes, incluyendo el riesgo de sufrir violencia y el incremento de la pobreza. De acuerdo con datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el 27% del total de embarazos a nivel mundial ocurren en menores de 19 años, quienes tienen cuatro veces más riesgos de muerte.

Un informe de Human Rights Watch de 2017 demostró además que la prohibición de todo tipo de aborto en Nicaragua supone un riesgo para la salud y la vida de mujeres y niñas, entre otras cosas, por la estigmatización, reforzando la teoría de que las mayores consecuencias psicológicas las sufren las mujeres obligadas a continuar con embarazos no deseados. 

La penalización del aborto no implica que este deje de realizarse, sino que se sigue realizando pero en condiciones que ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres, al no contar con las condiciones adecuadas para hacerse, recurriendo a las prácticas clandestinas que suelen ser más peligrosas y dejan a las mujeres en posturas vulnerables. Como ocurre en los pocos países del mundo en donde el aborto está penalizado de forma absoluta, la persistencia del aborto clandestino constituye un grave problema para la salud y la vida de las mujeres y las niñas. En el 2021, el Ministerio de Salud registró 8,814 hospitalizaciones por aborto. Aunque no se específica las causas de esos abortos, la realidad dice que muchos de ellos son producto de prácticas de riesgo. 

Otro elemento a tomar en cuenta es que con penalización del aborto, 22 mil mujeres adultas y jóvenes mueren cada año a causa de abortos no seguros, el 97 por ciento de ellas en África, Latinoamérica y el sur y oeste de Asia, según la organización Médicos Sin Fronteras.

Al final, lo que hace la prohibición del aborto es amplificar el trauma en las mujeres con embarazos no deseados, dado que se aumenta el campo de tensión psicológica por no poderse realizar en la “legalidad”. Asimismo, las mujeres terminan exponiendo su vida a situaciones de peligro e incluso la muerte. 

Este explicador se elaboró en colaboración con La Lupa y La Corriente