La aprobación de la Ley integral contra la violencia de género, aprobada en el 2012, generó una ola de rechazo por parte de sectores muy conservadores de la sociedad. Bajo el argumento que la ley 779 sería un peligro para la “unidad de la familia”, algunos grupos demandaron su derogación. Con este pretexto, el poder legislativo reformó la ley para cambiar la tipificación del delito de femicidio e incluyó la mediación incluso en caso de delitos de violencia machista.

Un elemento que obviaron quienes argumentaban que la ley 779 lo que buscaba era separar a las familias es el hecho de que es la misma violencia la que separa, fragmenta o destruye una familia, al acabar con la vida de las mujeres o al sumirlas en contexto de violencias. 

En Nicaragua, las tasas de violencia a lo interno de la familia representan un problema de gran magnitud. La vida en el seno de las familias y pareja no siempre discurre en respeto para las mujeres. 

Según datos estadísticos, entre un 35 % y 40 % de mujeres que viven en parejas sufren malos tratos físicos o psíquicos por parte de los hombres, por lo cual muchas veces el entorno familiar puede convertirse en peligroso e incluso lugares desde donde las mujeres pueden ser asesinadas. 

Detrás de la pretendida defensa de la unidad de la familia se esconde precisamente la gravedad de la violencia que sufren mujeres, niñas, niños en el seno de sus propias familias. 

El abuso sexual, la violencia física, psicológica y hasta los femicidios ocurren diariamente en miles de hogares nicaragüenses. Los agresores en su gran mayoría son hombres que forman parte del entorno familiar. Apelar a la unidad familiar es un recurso para impedir que las mujeres interpongan denuncias es también una manera de encubrir a los agresores.